¿Que más podemos hacer?

Esperar a que las grandes corporaciones mediáticas divulguen la verdad sería, por decir lo menos, ingenuo. O lo hacemos nosotros, los que estamos comprometidos con esta causa, o no lo hará nadie.


¿Cómo hacerlo?

Utilizando todos los instrumentos a nuestra disposición, los tradicionales y los que ofrecen las nuevas tecnologías, para diseminar la verdad y explicarla, más allá de la retórica, con lenguaje claro y directo, con argumentos comprensibles para cualquiera.

Los más convincentes, los que nadie puede refutar, los que prueban la terrible injusticia cometida contra nuestros compañeros, constan en documentos oficiales de las propias autoridades norteamericanas. Usémoslos.

En esos documentos se demuestra que los Cinco no cometieron delito alguno y que el proceso realizado contra ellos tenía un solo propósito que era el de apoyar a los terroristas cuyas acciones criminales nuestros hermanos trataron de evitar. Lo dijeron una y otra vez, con sus propias palabras, fiscales, testigos, expertos y jueces.

¿Dónde y cómo lo dijeron?

Recordemos algunos momentos especialmente esclarecedores:

1)    Las actas acusatorias presentadas por la Fiscalía. En la primera no se menciona el incidente de las avionetas del 24 de febrero de 1996. En la segunda, siete meses más tarde, se agrega la infame y burda calumnia contra Gerardo. En ambas Actas se señala que el FBI conocía de las actividades de Gerardo varios años antes de aquel incidente y sabían, por tanto, que nada tuvo que ver con ese asunto. Esa vulgar patraña fue incorporada arbitrariamente a solicitud expresa de los terroristas que para ello desplegaron una intensa campaña difamatoria con los “periodistas” pagados por el Gobierno.

2)    Las declaraciones y mociones de la Fiscalía. Desde su presentación inicial al abrirse el juicio hasta sus peticiones de sentencias y a lo largo de las sesiones del tribunal, la Fiscalía manifestó muchas veces su empeño por proteger a los grupos terroristas y castigar con dureza a los acusados por su lucha pacífica, sin armas, contra esos grupos.

3)    Declaraciones de la jueza. En varias ocasiones la jueza reconoció la existencia de grupos terroristas en Miami y que el “delito” de los acusados había sido su actuación contra esos grupos y accedió a la petición del Gobierno no sólo imponiendo las más severas sanciones sino además condiciones especiales adicionales para que después de haber cumplido sus términos de prisión los acusados no pudieran nunca más intentar nada contra los terroristas. Tan insólita condición le fue reiterada por la jueza a René González al salir éste de la prisión en octubre de 2011.

4)    Declaraciones de testigos y expertos. Fueron varios los testigos y especialistas, algunos llevados por el Gobierno, que testimoniaron, bajo juramento, que los acusados no habían hecho nada contra la seguridad nacional de Estados Unidos y que en este caso no había habido ni intento de espionaje. Eran generales, almirantes y otros altos oficiales en retiro de las fuerzas armadas norteamericanas. Uno de ellos, el Coronel Bruckner, propuso que fueran presentadas las imágenes satelitales sobre el incidente del 24 de febrero de 1996, algo que fue rechazado vigorosamente por la fiscalía con el apoyo de la jueza. Otro fue el General Clapper quien es hoy, nada más y nada menos, que el Director Nacional de Inteligencia, la más alta autoridad del Gobierno en esa materia.

5)    Moción de emergencia para modificar el Cargo Tres. La presentó la Fiscalía a fines de mayo de 2001 cuando el juicio llegaba a su conclusión reconociendo que estaba dando un paso sin precedente en la jurisprudencia norteamericana. En esencia pedía modificar sustancialmente el Cargo Tres (“conspiración para cometer asesinato en primer grado”) ya que “a la luz de las pruebas presentadas en el juicio ése es un obstáculo insuperable para la Fiscalía y puede conducir a su fracaso”. A pesar de eso Gerardo fue declarado culpable y le fue impuesta la máxima sanción posible por un supuesto delito que él no cometió y por el cual ya no era acusado. Este resultado es prueba irrefutable de que estaba condenado de antemano y que en Miami era imposible un juicio justo para él y sus compañeros.

6)    Decisión del panel de la Corte de Apelaciones de 2005. Fue una decisión unánime de los tres jueces. Contiene abundante información sobre las actividades terroristas contra Cuba y un análisis sólido sobre el ambiente creado por los medios locales en Miami que definieron como “una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad” que los llevó a anular el juicio. Aunque, ante presiones del régimen de W. Bush, esta decisión fue echada a un lado, en votación dividida, por el pleno de la Corte, se trata de un documento de importancia excepcional y es objeto de estudio en varias Facultades de Derecho de universidades norteamericanas.

7)    Decisión de la Corte de Apelaciones en 2008 anulando las sentencias respecto al Cargo Dos (“Conspiración para cometer espionaje”) y ordenando las resentencias de Ramón, Antonio y Fernando. Aunque excluyó arbitrariamente a Gerardo, pese a reconocer que también era aplicable a él, este documento tiene la importancia de que reitera, en varias ocasiones, que en este caso no hubo nada que amenazara la seguridad nacional de Estados Unidos, que no existió intento de espionaje y que las sentencias originalmente dictadas eran excesivas y contrarias a la ley.

8)    Las peticiones de sentencias de la Fiscalía. Además de solicitar en todos los casos penas de prisión desmesuradas e ilegales, como determinó después la Corte de Apelaciones, la Fiscalía insistió en algo que señaló era para ella tan importante como los términos de encarcelamiento. Se trata de la llamada “cláusula de incapacitación”, las medidas a imponer a los acusados para asegurarse de que, una vez cumplida la sanción carcelaria, cuando recuperasen la libertad no pudiesen volver a intentar nada en perjuicio de los terroristas. Tal cláusula fue incluida en todas las sentencias incluso en las de quienes fueron condenados a prisión perpetua. En los casos de Antonio y de René, que eran ciudadanos norteamericanos por nacimiento, la jueza la expresó así: “como una condición adicional especial para la libertad supervisada se le prohíbe al acusado acercarse a/o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, personas que promueven la violencia y figuras del crimen organizado”. Como se indicó antes, esta increíble restricción le fue reiterada a René al salir de la cárcel en octubre de 2011.

9)    El voto disidente de la jueza Phillys Kravitch argumentó de modo irrebatible contra el Cargo Tres insistiendo que el Gobierno no presentó prueba alguna de que Gerardo hubiese tenido cualquier relación con el incidente del 24 de febrero ni con nada parecido.

10)    La reciente moción del Gobierno para eliminar una parte sustancial del habeas corpus de Gerardo. La Fiscalía pretende hacer desaparecer la declaración jurada de su abogado Martin Garbus y sus anexos con cuantiosa información sobre los periodistas pagados por el Gobierno. En su escrito la Fiscalía reconoce que su petición es muy inusual pero prefiere evitar una discusión sobre el fondo del planteamiento de la defensa.

Estos diez aspectos brillan por su ausencia en los medios de comunicación. Es raro encontrarlos en los llamados medios alternativos, incluso en espacios que se suponen dedicados a los Cinco.

Debemos preguntarnos sinceramente si hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para permitir a los norteamericanos acceder a estas verdades que Washington celosamente esconde. Tratemos de responder la pregunta de los niños de la Colmenita: “¿Y ahora qué más podemos hacer?”.

La Habana, junio 4 de 2013

¿Quienes son?

René González Fernando González Antonio Guerrero Ramón Labañino Gerardo Hernández

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