A revelar la autoría de dos crímenes políticos

 16 de noviembre de 2014
Editorial
EL NUEVO DIA,  Puerto Rico


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Cada día que pasa y se priva a la justicia de información vital para resolver el crimen de Carlos Muñiz Varela, cometido hace 35 años, es un día perdido para la democracia y para la memoria histórica de un pueblo que debe saber quiénes fueron los asesinos. qué instituciones los cobijaron y cómo se garantiza que un acto así no vuelva a ocurrir jamás.

Pese a las constantes peticiones de la familia del joven asesinado y del Departamento de Justicia de Puerto Rico, que durante años han exigido que las agencias federales hagan entrega a las autoridades locales de los documentos inculpatorios que poseen, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) acaba de negarlos y aduce que se trata de un asunto “todavía” confidencial.

Para empezar, no es congruente con el esfuerzo que Estados Unidos les exige a otras naciones del mundo, para que colaboren en la solución de crímenes y atentados terroristas, el hecho de que ellos mismos se nieguen a proveer la información que tienen sobre un caso que sigue impune.

El asesinato de Muñiz Varela, al igual que el de Santiago Mari Pesquera, hijo del líder independentista Juan Mari Brás, tuvo todas las características de un ataque urdido desde el corazón del odio y de la intolerancia. Dos jóvenes vidas que segaron no sólo con el fin de castigarlos por sus ideas, sino también por el afán de atemorizar al resto de la población y enviar un mensaje de lo que les podría pasar a los que ostentaban ideas similares a las de los jóvenes muertos. Ese es el terrorismo en su acepción más pura.

Es imposible afirmar que se ha superado por completo esa etapa de la violencia política de los años 70, vinculada a la corrupción policiaca, hasta que los hechos sean esclarecidos y los culpables, vivos o muertos, señalados.

Hace algún tiempo los documentos sobre el asesinato de Muñiz Varela, tiroteado el 28 de abril de 1979, por promover viajes turísticos a Cuba, fueron parcialmente desclasificados, lo que se consideró un paso de avance hacia la solución del crimen. Las tachaduras que contenían, sin embargo, impidieron que las autoridades locales pudieran culminar la pesquisa.

En el caso de Santiago Mari Pequera, donde sí hubo un convicto, sigue rondando la sombra de una conspiración que, con los años, prácticamente ha sido confirmada, teniendo en cuenta que su padre, Juan Mari Brás, fue objeto de numerosas amenazas por parte de grupos terroristas que intentaban no sólo eliminarlo a él, sino debilitarlo a través de ataques a sus seres queridos.

Era una época sombría, y estremece el hecho de que al cometerse el ataque a Muñiz Varela, y aun varios años después, se escucharan voces de presuntos autores intelectuales, presumiendo del crimen y lamentando no haberlo matado antes. Esa apología del terrorismo, que en su momento debió ser respondida con la condena visceral de las autoridades, pasó desapercibida.

Si las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en este caso la CIA, quieren que los demás países cooperen con datos que ayuden a desarticular bandas criminales, lo primero que tiene que hacer es empezar por casa y desclasificar ese material que ya tiene 35 años en sus archivos.

La coordinadora de asuntos de Información e Intimidad de la CIA, Michele Meeks, insiste en retener los nombres y circunstancias de los asesinos de Muñiz Varela, mediante el argumento de que están “bajo las exenciones de la ley de libertad de información”.

Hay que recalcar que esto no es un simple diferendo sobre una información liviana que se oculta, sino, nada menos, el esclarecimiento del asesinato de un hombre, cuyos familiares -madre, hermana e hijo- han sufrido más de tres décadas de espera.

¿Quienes son?

René González Fernando González Antonio Guerrero Ramón Labañino Gerardo Hernández

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