Cinco Cubanos Prisioneros - Antiterroristas.cu

Amicus Curiae del National Jury Project de apoyo a la Moción de Leonard Weinglass

Antiterroristas

2006-03-16

Solicitud del Amicus Curiae para la presentación del expediente de apoyo a la Moción para la celebración de un nuevo juicio, presentada por el demandado Antonio Guerrero, y Sumario Amicus Curiae del Proyecto Nacional de Jurados, instando a la celebración de nuevo juicio para Guerrero. Incluye orden de la Jueza Lenard que concede el permiso para la presentación del Amicus.

THOMAS M. MEYER SBN 47299
BUFETE DE THOMAS M. MEYER
2831 Telegraph Avenue
Oakland, California, 94609
Tel: (510) 832-3400
Fax: (510) 232-0711
Abogados para el Amicus Curiae
PROYECTO NACIONAL DE JURADOS
TRIBUNAL DISTRITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO SUR DE LA FLORIDA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA No. 98-721-CR-LENARD(S)
Demandante
Versus
ANTONIO GUERRERO
Demandado
SOLICITUD DEL AMICUS CURIAE PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE APOYO A LA MOCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO JUICIO PRESENTADA POR EL DEMANDADO ANTONIO GUERRERO
Introducción
De conformidad con la Norma 29 de las Normas Procesales de Apelación, Norma 29-1 del Onceno Circuito y, de conformidad con la facultad inherente del Tribunal, el Proyecto Nacional de Jurados (NJP) solicita respetuosamente la venia para presentar el sumario Amicus Curiae que se adjunta como apoyo a la Moción para la Celebración de un Nuevo Juicio presentada por el Demandado Antonio Guerrero. Dicho caso plantea cuestiones de parcialidad por parte de la comunidad en relación con la elección de la jurisdicción y la selección del jurado con repercusiones tanto para el demandado como para el sistema de jurados en su conjunto. El propósito del presente sumario es ofrecer al Tribunal una comprensión más completa sobre cómo las comunidades de donde se seleccionaron los jurados, conjuntamente con las condiciones en que se seleccionaron los mismos, afectan la conducta de los jurados individuales y su capacidad para actuar como árbitros justos e imparciales de los hechos.
Identificación del Amicus
El Proyecto Nacional de Jurados es una corporación sin fines lucrativos de Minnesota creada originalmente en Nueva York en 1975 con el fin de estudiar todos los aspectos relacionados con el sistema jurídico de los Estados Unidos y mantener y fortalecer dicho sistema. El NJP tiene oficinas en Minneapolis, Minnesota; Oakland, California; Ciudad de Nueva York, Nueva York y Madison, Nueva Jersey que prestan servicios consultivos y educacionales a abogados, tribunales y profesionales de las ciencias sociales en litigios penales y civiles en tribunales federales y estaduales en todos los Estados Unidos.
El NJP ha ayudado a abogados en la instrucción de causas y en la selección de jurados en miles de juicios penales y civiles de una amplia variedad de temas y ha llevado a cabo encuestas de opinión pública sobre temas de justicia penal y analizado el contenido y la repercusión de la publicidad previa al juicio en cientos de casos. Sobre la base de dicha investigación, los miembros del NJP han presentado testimonios y declaraciones juradas en numerosos casos sobre publicidad previa al juicio, jurisdicción, composición del jurado, investigación de encuestas, procedimiento para la selección del jurado, uso de las normas de impugnación perentoria y tachaduras y han sido calificados como testigos periciales en numerosos tribunales federales y estaduales.
El NJP posee la autoría de tres textos, a saber, Jurywork: Systematic Techniques (2da edición 1983, con actualizaciones anuales hasta el 2002), Women´s Self-Defense Cases: Theory and Practice (1981) y The Jury System: New Methods for Reducing Prejudice (1975). Los miembros del NJP han escrito numerosos artículos para publicaciones jurídicas y de ciencias sociales y han contribuido con textos en temas relacionados con el voir dire y el proceso de selección del jurado. Los miembros del NJP son oradores frecuentes en seminarios de formación de jueces y abogados criminalistas y civiles en los Estados Unidos incluidos, entre otros, seminarios dirigidos por la Asociación de Abogados de los Estados Unidos; la Asociación Nacional de Juezas; la Conferencia de la Florida para Jueces de Tribunales de Condados; el Seminario Judicial del Sistema Unificado de Tribunales del Estado de Nueva York; el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de Derechos Civiles; el Instituto de Práctica Jurídica; la Asociación de Abogados de Instrucción de los Estados Unidos; la Asociación de Abogados Empresariales; los Abogados de California por la Justicia Penal y la Asociación Nacional de Abogados Criminalistas.
Los miembros del NJP han sido invitados a declarar ante los comités del Congreso y comités de numerosas legislaturas estaduales. El NJP fue citado con aprobación por el presidente del tribunal supremo Thurgood Marshall en el caso Mu´ Min v. Commonwealth of Virginia, 111 S..Ct.. 1899 (1991), el Tribunal Supremo de California en People v. Williams, 29 Cal 3rd 392, 628 P2d 869 (1981); el Tribunal Supremo de Michigan en People v. Tyburski, 445 Mich. 606 en 623 (1994).
Interés del Amicus
De conformidad con los fines expresos para los que se fundó, amicus tiene un interés constante en estudiar, mantener y consolidar todos los aspectos del sistema de jurados en los Estados Unidos. A partir de los estudios realizados por sus miembros sobre esferas importantes de las ciencias sociales y su extensa labor y observación de casos individuales, el NJP ha desarrollado una amplia comprensión sobre cómo las condiciones en que se seleccionan los jurados conjuntamente con las comunidades de donde son seleccionados los mismos, afectan la conducta de los jurados individualmente y su capacidad para actuar como árbitros justos e imparciales de los hechos. Las circunstancias que rodean la elección de la jurisdicción y la selección del jurado en el presente caso implican cuestiones de parcialidad de la comunidad con implicaciones tanto para el demandado como para el sistema de jurados en su conjunto. Por tal razón, amicus está profundamente interesado en el resultado de este caso.
Solicitud para la presentación de un sumario
de Amicus Curiae
Por las razones mencionadas supra, el abogado solicita respetuosamente la venia de este Tribunal para presentar el sumario de amicus curiae del Proyecto Nacional de Jurados que se adjunta como apoyo a la moción presentada por el demandado Guerrero para la celebración de un nuevo juicio. El abogado de amicus contactó al abogado de las partes para solicitar su consentimiento a la presentación de un amigo del tribunal. El abogado del demandante dio su consentimiento. El abogado de los Estados Unidos manifestó que no estaba en posición de consentir u oponerse a dicha presentación.
Fecha: 18 de noviembre del 2002
Presentado respetuosamente,
BUFETE DE THOMAS M. MEYER.
Por:
Thomas M. Meyer
Abogado del Amicus Curiae
Proyecto Nacional de Jurados.

HOMAS M. MEYER SBN 47299
BUFETE DE THOMAS M. MEYER
2831 Telegraph Avenue
Oakland, California, 94609
Tel: (510) 832-3400
Fax: (510) 232-0711
Abogados para el Amicus Curiae
PROYECTO NACIONAL DE JURADOS
TRIBUNAL DISTRITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO SUR DE LA FLORIDA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA   No. 98-721-CR-LENARD(S)
Demandante
Versus
ANTONIO GUERRERO
Demandado

SUMARIO AMICUS CURIAE DEL PROYECTO NACIONAL DE JURADOS INSTANDO A LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO JUICIO PARA EL DEMANDADO ANTONIO GUERRERO
A. Introducción
Las circunstancias que rodean este caso, descritas en las declaraciones de los doctores Lisandro Pérez y Kendra Brennan, plantean serias preocupaciones sobre la capacidad del demandado para recibir un juicio justo por parte del jurado seleccionado en el Condado de Miami-Dade.   Como se describe más detalladamente a continuación, dicha preocupación no se debe tanto a la publicidad específica del caso, sino a la historia de cuarenta años de intensa animosidad hacia los que apoyan a Fidel Castro y al gobierno cubano que existe entre los residentes de la comunidad de Miami-Dade. Al parecer, esta historia, conjuntamente con la considerable publicidad generada por el caso de Elián González, ha incidido en el clima de opinión dentro de la comunidad de Miami-Dade en cuanto a la inherentemente sospechosa posibilidad de que el demandado fuera juzgado por un jurado justo e imparcial. Por otra parte, en la experiencia de amici, este es un problema que, con poca probabilidad, puede remediarse mediante un voir dire intenso o protegiendo la identidad de los jurados individuales y apartándolos de los esfuerzos de los medios masivos de comunicación para contactarlos, perseguirlos o identificarlos.

B. Los datos de la encuesta muestran profundos prejuicios de parte de la comunidad que hacen sospechar de la capacidad del demandado para recibir un juicio justo
del jurado seleccionado en el Condado de Miami-Dade.
Las mociones exitosas para el cambio de jurisdicción históricamente han sido promovidas por las intensas andanadas de publicidad, generalmente a escala nacional, aunque más intensas en el área más afectada por los acontecimientos. De esta manera, el caso de People v. Richard Allen Davis, el hombre acusado y, finalmente, sentenciado por el secuestro y asesinato de Polly Klaas (caso que condujo a la adopción de tres leyes de tachadura en California), recibió cobertura nacional y fue transferido a otro condado para su juicio; en People v. Angela Davis, la activista política internacionalmente conocida que fue acusada y, finalmente, absuelta por procurarle un arma a Jonathan Jackson, arma utilizada en un tiroteo en el Tribunal del Condado Marin donde un juez resultó muerto y un fiscal paralizado, el caso fue transferido a otro condado para su juicio.   En resumen, estos casos resultan similares al enjuiciamiento del supuesto francotirador de Washington en el Condado de Montgomery donde la mayor parte de la comunidad experimentó una ansiedad y temor personal extraordinarios. En estos casos, como en el caso de United States v. Timothy McVeigh, el cambio de jurisdicción no trajo como consecuencia la obtención de un jurado sin conocimiento alguno del caso (en esta era de la comunicación masiva sería prácticamente imposible e indeseable), pero el cambio se concibió para evitar que los hechos reales del caso fueran obscurecidos, si no exagerados, por el contexto social y político único de la jurisdicción original.
Evidentemente, este caso no ha sido objeto del mismo tipo de publicidad intensa específica antes del juicio, pero sí surgió en el contexto de un sentimiento intenso y de larga data contra Castro documentado en los datos de la encuesta presentada al Tribunal. Los profundos sentimientos y la animosidad reflejada en estos datos son, comprensiblemente, resultado de las experiencias personales de los refugiados cubano-americanos que han llegado a formar parte integral de la comunidad y el grupo étnico dominante en Miami-Dade. A diferencia de lo que sucede en muchas otras partes del país, donde pequeñas poblaciones de refugiados se han asentado en comunidades insulares, generalmente descritas como ghetos étnicos, y cuya aceptación dentro de la comunidad más amplia y la estructura política requiere de generaciones, la presencia cubana en Miami-Dade se ha hecho dominante en el comercio, la política y la vida cotidiana e incide en residentes cubanos y no cubanos. Los no cubanos en Miami-Dade han sido expuestos a muchos más sentimientos contra Castro que los no cubanos que residen en otras partes de la Florida y, ciertamente, en otras partes de los Estados Unidos. Asimismo, también han sido expuestos a una campaña de larga data para sacar a Castro del poder y, casi contemporáneamente con este juicio, los sucesos relacionados con Elián González. Esta atmósfera parece ser precisamente la que el Tribunal abordó en Pamplin v. Mason, 364 F, 2d 1, 11 (5th Cir. 1968) cuando declaró:
"Cuando las influencias externas que inciden en el clima de opinión de la comunidad en relación con el demandado parecen inherentemente sospechosas, la probabilidad resultante de injusticia exige salvaguardas procesales convenientes, como el cambio de jurisdicción, a fin de garantizar un juicio justo e imparcial."
Una situación similar surgió en el caso de un tribunal estadual en California, People v. Patrick Croy (Tribunal Supremo, Condado de Placer, No. 52587 (1987) donde un demandado estadounidense nativo fue acusado de asesinar a un caucasiano oficial de la policía. En este caso, el Tribunal declaró:
"Es sencillamente decir que, en ausencia de otros factores, la existencia de una parcialidad residual no constituye por sí sola base suficiente para el cambio de jurisdicción. Lo que sí logra la posible parcialidad de la noción preconcebida sobre los estadounidenses nativos en el Condado de Placer es potenciar los factores de "bajo nivel" que, de otra forma, indican la necesidad de un cambio de jurisdicción.....
....Este tribunal, por tanto, falla sobre el problema del cambio de jurisdicción de la siguiente manera. Este es un caso de la mayor magnitud. Es, por naturaleza, emotivo e inflamatorio y la vida del demandado está en juego. Debido a la condición de la víctima, la condición del demandado y la posibilidad de una parcialidad residual contra el demandado en el contexto de nociones tradicionalmente preconcebidas, los hechos del caso plantean el riesgo de que surja un prejuicio durante la presentación de las pruebas no relacionadas con los hechos."
Si bien el prejuicio en este caso pudiera, o no, derivarse del conocimiento que se tenga del caso debido a la publicidad, existen motivos de preocupación ante el hecho de que la amplia hostilidad hacia el gobierno cubano que existe entre los residentes de Miami-Dade pudo haber repercutido y, de hecho, repercutió, en el jurado. Probablemente, los jurados no cubanos eran conscientes de que este caso sería de importancia para la comunidad cubana en Miami-Dade; que sería seguido de cerca, especialmente después del caso de Elián González; y que la comunidad cubana reaccionaría ante un veredicto considerado adverso a sus intereses. En este contexto, independientemente de si los jurados individuales albergaban o no sentimientos contra Castro, son plenamente conscientes de que la comunidad circundante sí los tenía, lo que plantea preocupaciones en cuanto a si realmente se puede lograr un jurado justo e imparcial para juzgar estos cargos en esta comunidad y respalda la necesidad de un cambio de jurisdicción.
C. El voir dire no resulta un remedio adecuado ante las intensas parcialidades de la comunidad que parecen incidir en el caso actual.
Los problemas para la selección del jurado expuestos por este caso se asemejan a esos otros casos en los que ha intervenido el Proyecto Nacional de Jurados. Por lo general, se asume que un amplio voir dire es el mejor remedio para la parcialidad, si no la mejor valoración de la naturaleza y el alcance del prejuicio que pudiera existir en el jurado. Sin embargo, los Tribunales han observado, remontándose hasta el caso United States v. Burr, 25 Fed Cas 49 (caso número 14, 692g, 1807), el problema inherente en la autovaloración por parte del jurado sobre su justeza. El Presidente del Tribunal Supremo Marshall observó que no se puede confiar en las protestas de neutralidad:
"Él podría declarar que, independientemente, de estos prejuicios está decidido a escuchar la evidencia y a regirse por ella; pero la ley no confiará en él
.... Escuchará con más favor la declaración que confirme que la declaración que pudiera cambiar su opinión."
El Tribunal y los presidentes individuales del tribunal supremo han expresado, posteriormente, preocupaciones similares sobre la confiabilidad de la autovaloración por parte del jurado sobre su justeza en casos controvertidos y de alta publicidad. En el caso Irvin v. Dowd, 366 U,S. 717 (1961) el tribunal declaró que:
"Indiscutiblemente cada uno de los jurados fue sincero cuando dijo que sería justo e imparcial ante el peticionario, pero la repercusión psicológica que exige dicha declaración ante los colegas de uno es, generalmente, su padre."
Existe un consenso general entre los científicos sociales de que los informes personales sobre las propias parcialidades y prejuicios de uno y la manera y el alcance en que afectan las acciones y decisiones de uno son altamente desconfiables.   Además, el deseo natural del jurado por parecer justo e imparcial reduce la sinceridad cuando sospechan que la respuesta pudiera descalificarlo. Esta tendencia se realza cuando el examen voir dire es dirigido por el Tribunal.   Los jurados perciben la autoridad del Tribunal y el mensaje implícito de que para ser "buenos" ciudadanos tienen que decir que pueden dejar a un lado sus parcialidades y prejuicios, sin saber si son verdaderamente capaces de hacerlo, y seguir la ley. Desafortunadamente, tales afirmaciones generales son, por lo general, ingenuas y vacías.
D. La atmósfera prejuiciada en la comunidad reflejada en las encuestas probablemente no podrá remediarse con procedimientos destinados a proteger la identidad de los jurados individuales
En contextos similares, donde el juicio se ha celebrado en una jurisdicción con posibilidades de presiones reales o percibidas de la comunidad, los tribunales han protegido las identidades de los jurados frente al público. Un "jurado públicamente anónimo" reduce el riesgo de intimidación y contaminación del jurado. Tal proceso protege las identidades de los jurados frente a los medios masivos de comunicación y el público, pero suministra al tribunal y a los abogados los nombres y la información de identificación de los jurados. Los jurados son mencionados en el tribunal por números, y no por nombres. Un proceso similar a este fue el empleado en el juicio federal de derechos civiles de oficiales de la policía acusados en el caso United States v. Koon, la golpeadura de Rodney King, que siguió a las sublevaciones que acompañaron la absolución durante el juicio en el tribunal estadual. En este caso, los jurados llenaron voluminosos cuestionarios de voir dire que contenían preguntas demográficas y de actitud y preguntas específicas del caso, pero sólo fueron identificados con números y protegidos ante cualquier esfuerzo por parte de los medios masivos de comunicación para contactarlos, perseguirlos o identificarlos.
En repetidas oportunidades, los tribunales federales han aprobado el uso de técnicas que protegen la identidad de los jurados del público en casos de elevada publicidad que entrañan serios crímenes violentos y la perspectiva de importantes sanciones tras la condena. Véase, Prejudicial Publicity Surrounding a Criminal Trial: What a Trial Court Can Do to Ensure a Fair Trial in the Face of a "Media Circus", 26 Suffolk U.L.R. 1063, 1076 (1992) (que describe cómo "los números asignados protegieron las identidades de posibles jurados frente a la prensa" en el juicio federal de John DeLorean). Este proceso ha ayudado a los tribunales a evitar el secuestro innecesario de los jurados durante el juicio.
Un procedimiento similar fue empleado en el juicio de McVeigh y fue empleado también en una serie de casos de explosiones de bombas, de terrorismo y del crimen organizado (por ejemplo, United States v. Edmond, 52 F.3d 1080, 1091-1094 (D.C.Cir. 1995); United States v. Ross, 33 F.3d 1507, 1520 (11th Cir. 1994), cert. denegado, 115 S. Ct. 2558 (1995); United States v. Vario, 943 F.2d 236, 240 (2d Cir. 1991), cert. Denegado, 502 U.S. 1036 (1992); United States v. Shakur, 623 F. Supp. 1, 3-4 (S.D.N.Y. 1983); United States v. Gotti, 777 F. Supp. 224 (E.D.N.Y. 1991).
Cualquiera que haya sido el efecto profiláctico logrado con medidas tomadas para proteger la identidad de los jurados en los casos anteriores, existen motivos para cuestionar cuán eficaces podrían ser dichas medidas en el presente. Aún cuando se eliminaran el temor al ridículo y a la venganza, el conjunto de jurados seguiría estando afectado por las parcialidades profundamente enraizadas mencionadas en la sección B, supra. Y, siempre existe el peligro de que las medidas adoptadas para proteger la identidad de los jurados simplemente tengan el efecto de impresionar a los jurados sobre cuán peligroso será el demandado para merecer tales medidas, lo que provoca una situación en la que el remedio puede ser igualmente mal, o incluso peor. En resumen, la ausencia de un cambio de jurisdicción, conjuntamente con la protección de las identidades de los jurados, en la atmósfera altamente cargada que parece haber existido en este caso, la posibilidad para la intimidación y/o la influencia del jurado de cosas ajenas a la evidencia es motivo de gran preocupación.
E. Conclusión
Por las razones mencionadas anteriormente, amicus solicita que se conceda la moción presentada por el demandado Guerrero para la celebración de un nuevo juicio.
Fecha: 18 de noviembre de 2002
Respetuosamente presentada,
BUFETE DE THOMAS M. MEYER

Por:
Thomas M. Meyer
Abogado para el Amicus Curiae
Proyecto Nacional de Jurados
Thomas M. Meyer
Abogado para el Amicus Curiae
Proyecto Nacional de Jurados

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