Carta de fecha 29 de octubre de 2002 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia para informarle que, a pesar de todas las gestiones realizadas por sus familiares, por el Gobierno de Cuba y por personas e instituciones norteamericanas, las autoridades de los Estados Unidos de América continúan aplicando un trato cruel, inhumano y degradante al Sr. René González, quien cumple injusta y prolongada sanción de privación de libertad en ese país. Como hemos tenido el honor de informar a Su Excelencia en nuestra carta de fecha 4 de junio de 2002 (A/56/969), el proceso de apelación de dicha sentencia aún no ha sido resuelto.
El 25 de septiembre de 2002, las autoridades de los Estados Unidos denegaron por segunda vez la visa solicitada desde el 10 de julio del mismo año -es decir, 87 días después de dicha solicitud- por la Sra. Olga Salanueva, esposa del Sr. René González, ciudadano norteamericano, sancionado a 15 años de privación de libertad.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos había revocado, el pasado 23 de abril de 2002, la visa de entrada a ese país otorgada previamente a la Sra. Salanueva con el propósito de que visitara a su esposo, el Sr. González, en la penitenciaría de Loreto, Pennsylvania, acompañada de su hija menor.
A Ivette González Salanueva, de sólo 4 años de edad, quien nació y residió en los Estados Unidos hasta que su madre fue expulsada luego de un cruel e ilegal encarcelamiento, se le ha impedido ver a su padre, prisionero desde 1998, durante casi toda su vida.
La reiterada negación, revocación y/o prolongada demora en la expedición de visas de entrada al territorio estadounidense a la esposa del Sr. González, sólo pueden tener como objetivo causar un sufrimiento adicional a éste durante su apelación, y constituyen actos de detestable crueldad y burda ilegalidad y flagrantes y sistemáticas violaciones de sus derechos humanos y los de su familia.
Tengo el honor de solicitar a Su Excelencia que tenga a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento de la Asamblea General en relación con los temas 109 y 160 del programa.

(Firmado) Bruno Rodríguez Parrilla
Embajador
Representante Permanente
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Anexo de la carta de fecha 29 de octubre de 2002 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas

Declaración del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Sr. Ricardo Alarcón de Quesada

Quiero entregar a los lectores argentinos informaciones sobre acontecimientos posteriores a la injusta condena a nuestros cinco heroicos compatriotas y también algunos datos relacionados con el proceso mismo, pero que no estaban disponibles al momento de publicarse la primera edición.
Debo advertir que probablemente no están ante un texto definitivo. Cosas de la justicia estadounidense, y especialmente del modo miamense -gansteril y corrupto- de practicarla.
Una primera noticia. Seis meses después de haber sido injustamente sentenciados y haber presentado las apelaciones pertinentes, el expediente del caso está todavía en Miami y aún no ha sido remitido al tribunal del circuito de Atlanta que debe revisarlo. La causa: falta por decidir qué hacer con centenares de documentos aún sellados y clasificados como "pruebas". Sobre su naturaleza y contenido quizás puedan saber algo los afortunados lectores de futuras ediciones. De prólogo en prólogo, de libro en libro, revelación tras revelación, se irá descubriendo todo, y algún día la verdad completa prevalecerá.
Cuando escribí el anterior prólogo no había podido examinar algunas porciones importantes de la documentación oficial. Recordará el lector que entonces hice referencia a una cuestión clave que viciaba y anulaba todo el proceso judicial desde su mismo origen: haberlo realizado en Miami, un lugar dominado por la mafia terrorista anticubana. Allí era imposible concebir un juicio justo e imparcial a unos patriotas cubanos defensores de su revolución. Había que suponer que los miembros del jurado -en la hipótesis, altamente improbable, de que estuviesen despojados de prejuicios contra Cuba- serían objeto de intimidación, amenaza y chantaje por los grupos terroristas.
La realidad fue peor que la suposición. La transcripción literal de las actas del juicio desde el 27 de noviembre de 2000, día en que comenzó la selección de los jurados, hasta el 5 de junio de 2001, cuando se retiraban a preparar su veredicto, muestra las presiones a que fueron sometidos por individuos que se hacen pasar por periodistas de medios locales e incluso por los de la llamada TV Martí, que pertenece al Gobierno de Estados Unidos de América y actúa en su nombre. Esta información no la obtuve por medio de ningún "espía". Procede de alguien más allá de toda sospecha: nada más y nada menos que de la Honorable Joan A. Lenard, la jueza federal que presidió el juicio. El lector puede encontrar en las páginas 111 y 112 correspondientes al 27 de noviembre las quejas de la magistrada porque camarógrafos y elementos provocadores molestaban a los posibles jurados a las puertas mismas del tribunal. Y si llega hasta el 5 de junio, páginas 14.644 a 14.646, podrá leer su descripción de cómo los jurados eran perseguidos por las cámaras, que no los abandonaron a todo lo largo del recorrido hasta sus automóviles, cuyas placas eran también filmadas. Según la Sra. Lenard, su propia secretaria observó cómo algunos eran acosados hasta las escaleras y el ascensor interior del edificio (pág. 14.644). Los jurados, expresó la jueza, "están preocupados. Están preocupados porque están siendo presionados y filmados" (pág. 14.646). Nada hizo, sin embargo, para poner fin a una situación vergonzosa. Los jurados, según la jueza, estaban siendo presionados y estaban preocupados, y se lo dijeron, y consta así en las actas del tribunal, pero ella nada hizo. Quienes violaban de modo tan escandaloso las normas del debido proceso estaban claramente identificados como empleados de una empresa -TV Martí- que es una agencia oficial del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién, entonces, presionaba al jurado y lo hizo además de forma pública, abierta, documentada, sin siquiera ocultarse?
En esas circunstancias puede comprenderse mejor la sorprendente actuación del jurado. Le bastaron unas pocas horas de trabajo para arribar, en fecha y hora anunciada de antemano, a un veredicto unánime, sin expresar duda alguna, sin pedir ninguna aclaración. Declaró a los cinco culpables de todos los cargos. No vaciló en hacerlo, incluso, respecto al cargo más grave -conspiración para cometer asesinato en primer grado contra Gerardo Hernández- que hasta la propia fiscalía había reconocido no haber podido probar, y por ello buscó, algo muy inusual, que la Corte de Apelaciones modificase las instrucciones al jurado, reduciendo la gravedad de esa acusación. En su petición urgente a la Corte de Apelaciones del 25 de mayo del 2001, la fiscalía reconoció que "a la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para los Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo" (pág. 21), ya que "impone una barrera insuperable a esta fiscalía" (pág. 27). Temía el Gobierno que, por lo menos, era "altamente probable que el jurado solicitara mayores explicaciones sobre este asunto" (págs. 20 y 21). Sin embargo, aunque la Corte rechazó la petición del Gobierno, nada parecido ocurrió. Sin preguntar nada, sin titubear, todos los jurados declararon a Gerardo culpable en primer grado del supuesto crimen.
Me referiré a continuación a una noticia reciente cuidadosamente silenciada por los grandes medios "informativos".
El pasado 23 de abril el Departamento de Estado revocó la visa que antes había otorgado a Olga Salanueva, esposa de René González, impidiéndole visitarlo en compañía de la pequeña hija de ambos, Ivette, que ahora tiene 4 años de edad y no se ha reunido con su padre desde que, cuando contaba sólo cuatro meses, en 1998, pudo "visitarlo" en dos ocasiones para verlo esposado y encadenado, a distancia, rodeado de agentes del FBI.
Aunque entonces Ivette apenas comenzaba a vivir, estaba en realidad emulando la proeza que se disputan los vikingos y el más famoso almirante genovés. Descubría un mundo de alucinante maldad que la obligó a situarse cada tarde, en brazos de la madre, frente al edificio donde encerraban a René para que éste pudiese apenas atisbar por la claraboya de la celda los rizos rebeldes y adivinar sus primeros pasos, y la condujo más tarde a perder también la compañía de su madre cuando Olga fue encarcelada en otra prisión durante tres meses. Algún día podrá leer en las actas del juicio las inauditas declaraciones del representante del Gobierno, que creyó ver en ella, Ivette, una espía en potencia. Conocerá la explicación del odio irracional que las autoridades norteamericanas manifiestan contra René González y su familia.
Pero es importante que los lectores sepan ahora las causas de una conducta tan perversa como estúpida.
El caso de René González es pieza clave para comprender la verdadera naturaleza de todo el proceso mañosamente urdido con la única finalidad de proteger al terrorismo anticubano y castigar a quienes lo combaten dentro de los Estados Unidos. El propio René lo explica en su alegato: "Si tuve que venir a juicio fue por solidaridad con mis hermanos". A él no lo acusaron de espionaje, contra él no se lanzó la infame imputación de asesinato. René fue acusado y condenado única y exclusivamente por penetrar a varios grupos terroristas radicados en Miami e informar a Cuba sobre sus planes criminales. Si él hubiese colaborado con la fiscalía aceptando rendir falso testimonio para ayudar a fabricar las inventadas acusaciones contra sus compañeros, hoy pasearía libremente por las calles. Pero sería un hombre indigno. Y dignidad es lo que le sobra. Para arrancarle esa colaboración maltrataron a su esposa y a sus hijas y a él mismo, con abominable crueldad. Y lo siguen haciendo todavía hoy porque saben que René González es, en sí mismo, prueba irrefutable de la inocencia de los cinco.
Lo es al extremo que al sentenciarlo tanto los fiscales como la jueza, poseídos por la ira, dejaron constancia de toda la infamia de este juicio. Vale la pena repasar lo que entonces dijeron.
La jueza: "El terrorismo, sea cometido contra inocentes en los Estados Unidos o Cuba, Israel o Jordania, Irlanda del Norte o India, es maligno y erróneo, pero los actos terroristas de otros no pueden excusar la conducta errónea e ilegal de este acusado o de ningún otro" (transcripción de la audiencia de sentencia ante la Honorable Jueza Joan A. Lenard, 14 de diciembre de 2001, págs. 42 y 43). La fiscalía, por su parte, al expresar "preocupación porque este acusado, después de cumplir su sentencia, continuará persistiendo en su actividad" (ibíd., pág. 26), insistió en que además de 15 años de cárcel -máxima pena posible para el cargo imputado- a René había que "incapacitarlo" incluso después que recuperase la libertad (ibíd., págs. 26 y 27). La jueza, accediendo a la solicitud gubernamental, incluyó como parte de la sentencia esta reveladora orden: "Como una condición especial adicional para su liberación supervisada se le prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares específicos donde individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que abogan por la violencia y figuras del crimen organizado se sabe que están o frecuentan" (ibíd., págs. 45 y 46).
Así se habló en un tribunal federal, en Miami, tres meses después de los atroces hechos del 11 de septiembre. Así actuaron conjuntamente una insólita jueza y los representantes de un Gobierno hipócrita cuyo Presidente no se ha cansado de repetir, una y otra vez, sin sonrojarse, que "Quienes albergan a un terrorista son tan culpables como el terrorista".
Lo que le faltó agregar al Sr. Bush es que su Gobierno no sólo alberga a terroristas y los protege y defiende y anuncia que lo seguirá haciendo dentro de 15 años, sino que, además, con ellos se reúne a beber y a celebrar las fechorías comunes como hizo el pasado 20 de mayo en bochornosa juerga en la ciudad de Miami.
Las víctimas del terrorismo exigen justicia -todas las víctimas. Las asesinadas brutalmente en las torres gemelas y las que cayeron también en otros 11 de septiembre. Las que han padecido y sufren todavía el terrorismo de Estado promovido por un imperio arrogante que, además de adueñarse del nombre de un continente, lo saquea y tiraniza. Todas las víctimas incluyendo los cinco héroes cubanos. Todas, sin olvidar a Ivette, que en su inocencia nos ayuda a descubrir la verdad.